Gazeta Buenos Aires - La paradoja de las 30.000 homologaciones médicas en España

La medicina española atraviesa un momento de transformación demográfica sin precedentes, marcado por un incremento masivo en la homologación de títulos extranjeros. Según los datos analizados, mientras que en 2022 se confirmaron 4.474 resoluciones favorables para profesionales internacionales, en 2025 esta cifra alcanzó un récord histórico de 30.303. Ante este escenario, José Antonio Trujillo, vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga y experto en inteligencia artificial aplicada a la medicina, ha elaborado un informe que critica la ausencia de una planificación coordinada y de un registro fiable que refleje la disponibilidad real de estos profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La publicación de este estudio, fechado en noviembre de 2026, da continuidad a un diagnóstico crítico iniciado por Trujillo en abril de ese mismo año. El análisis inicial evidenciaba una transformación silenciosa en la demografía médica que carecía de las garantías necesarias. Aunque esta primera investigación fue recogida por la Organización Médica Colegial (OMC) y motivó reuniones con el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia y Universidades, Trujillo advierte que las respuestas normativas posteriores se han centrado en la gestión administrativa más que en resolver problemas estructurales.

El autor señala que iniciativas como la consulta pública y el proyecto de real decreto sobre homologaciones universitarias impulsados durante la primavera, así como la creación de la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional, no abordan la acreditación de competencias clínicas ni la incorporación planificada de los profesionales al SNS. El nuevo estudio examina específicamente el papel de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), un instrumento considerado fundamental para comprobar las habilidades diagnósticas y de comunicación antes de concluir el grado universitario. Sin embargo, el texto denuncia que esta prueba no es uniforme en todo el territorio ni obligatoria en todas las universidades españolas.

Esta disparidad expone, según el autor, una laguna crítica: mientras el sistema exige estrictos filtros a los profesionales formados en el extranjero, carece de un estándar nacional único y transparente para certificar la aptitud clínica de sus propios graduados. Esta situación sitúa la seguridad del paciente en el centro de la controversia sobre la calidad asistencial.

El informe también destaca otros factores que están reconfigurando la profesión médica. A la llegada masiva de médicos extranjeros se suma una mayor presencia femenina, que actualmente representa el 55,1 por ciento de los colegiados y el 71 por ciento de los estudiantes de grado. Además, el relevo generacional hacia la Generación Z introduce expectativas laborales y de conciliación diferentes a las de los médicos más experimentados.

Uno de los problemas principales denunciados es la falta de rastreo de los facultativos que consiguen homologar sus titulaciones. Ni el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) ni las estadísticas ministeriales permiten determinar con precisión cuántos de esos más de 30.000 titulados ejercen efectivamente en España, en qué sectores lo hacen, cuáles son sus especialidades o cuál es su tasa de permanencia a medio y largo plazo. Para corregir esta visión puramente nominal, Trujillo propone integrar el concepto de Disponibilidad Médica Efectiva (DME), un indicador que vincula la plantilla teórica con las jornadas reales, las reducciones horarias y el tiempo neto dedicado a la actividad clínica.

El documento alerta también sobre los intereses económicos, académicos e institucionales generados por las homologaciones. Trujillo describe un mercado dinámico donde operan empresas de asesoramiento jurídico digital, corporaciones de preparación de exámenes MIR que han internacionalizado su oferta hacia América Latina, y agencias de contratación temporal. Además, algunas administraciones públicas con plantillas insuficientes y colegios profesionales dependientes de las aportaciones de sus asociados se benefician de este fenómeno. El informe no califica estas actividades como ilegítimas, pero advierte que las lógicas comerciales y corporativas no siempre coinciden con el interés general.

Para contextualizar la situación, el autor amplía la perspectiva a países europeos. Alemania cuenta con más de 71.000 médicos extranjeros en ejercicio pero sigue sufriendo desiertos sanitarios en zonas rurales. En el Reino Unido, las tensiones en el acceso a la especialidad se han agudizado. Estos casos demuestran que la acumulación cuantitativa no resuelve los desequilibrios territoriales. Dinamarca, por ejemplo, frenó temporalmente las autorizaciones para titulados extracomunitarios al considerar cubiertas sus necesidades asistenciales reales.

Ante estos escenarios, Trujillo articula una hoja de ruta con ocho propuestas de reforma estructural para un plazo de nueve años, hasta 2035. Entre ellas destacan la creación de un sistema nacional integrado de información profesional, la constitución de un Observatorio Nacional de Demografía y Movilidad Médica, el fortalecimiento de las garantías clínicas comunes y la planificación plurianual coordinada de la formación MIR y las homologaciones. También se propone el diseño de programas de reclutamiento ético y una estrategia nacional de fidelización que mejore las condiciones laborales y los incentivos en puestos de difícil cobertura.

El informe concluye reflejando la encrucijada del SNS: la llegada de más de 30.000 médicos homologados representa una oportunidad para cubrir necesidades, pero genera riesgos si se gestiona sin un plan a largo plazo que priorice la seguridad del paciente y la equidad profesional sobre las inercias administrativas.

D.Medina--GBA